Más de mil autobuses de toda España (más que en Roma para saludar al papa Francisco) han ido a la sede del Psoe en Madrid para pedirle a San Pedro Sánchez, oremos, que siga gobernando España y los españoles, si es posible eternamente; le piden que no se deje llevar por cosas mundanas sin importancia, que su destino es mucho más elevado y más espiritual. Seguramente, cuando anochezca encenderán las velas por millares para que la energía de ese fuego celestial inspire de nuevo al Presidente y se levante el lunes con ganas de dominar de nuevo esta parte del mundo que se llama España. De paso, arremeterán y criticarán que un sindicato llamado manos limpias se haya atrevido a ejercer sin su permiso y sin el permiso de la fiscalía, un derecho recogido en el artículo 125 de la Constitución Española que consagra el derecho de cada ciudadano, sin distinciones ideológicas, a participar en la justicia, mediante la llamada acción popular, que no es otra cosa que dirigirse a los jueces o juezas para que, con independencia y criterio legal, analicen si unas determinadas conductas pueden ser constitutivas de delito. (Lejos quedan los tiempos en que juristas y personas que luchaban por una sociedad democrática justa ejercieron esta forma de participación democrática.) Hoy se escandalizan Presidente y partidos de izquierda porque un juez de instrucción ha abierto unas diligencias penales para ver si la esposa del Presidente ha podido cometer una conducta delictiva concreta. Sin embargo, San Pedro Sánchez, oremos, no dice o ignora que en España se abren más de cien mil diligencias penales al año y solo 10.000 van a juicio y que esos 90.000 casos a los que se les abrió diligencias penales que luego se archivaron no dejaron sus trabajos ni sus responsabilidades ni escribieron una carta a los españoles, sino que sufrieron las consecuencias del aparato judicial (muchos pasaron largas temporadas en la cárcel) sin tampoco obtener disculpa alguna ni por el aparato judicial ni policial ni gubernamental ni por ningún partido político. San Pedro Sánchez, oremos, debe creer que, igual que el Rey y la Reina, tanto él como su esposa son impunes e inviolables, pero es un error porque San Pedro Sánchez, oremos, y su esposa son ciudadanos que no están imbuidos del sacrosanto y monárquico beneficio de la impunidad. Nuestra clase política olvida aquellos cientos de miles de ciudadanos que han pasado o pasan por similares circunstancias muchas veces injustas cada año. Y no veo que, ante tan repetidas injusticias, nuestros representantes políticos cambien las leyes para hacerlas más justas.

¿Necesitamos a estos gobernantes tan creídos y soberbios, tan débiles y tan exclusivistas? Creo que toda la clase política debería tomarse otros cinco días y nosotros, la ciudadanía, también deberíamos reflexionar si somos capaces de llevar un país sin esta especie política: eso se llama democracia directa (que surgió y se practicó hace miles de años). Las herramientas ya las tenemos. Solo nos queda liberarnos.

Ángel Monge Pérez