El proxeneta difuso que somos todos: sin LOASP, no hay justicia – El Común

El proxeneta difuso que somos todos: sin Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (Loasp), no hay justicia, por Eva Neila Ausín (Presidenta de Amables Titulares de Derechos)

El caso de los audios filtrados entre José Luis Ábalos y Koldo García reventó no solo los límites del decoro en el Psoe, sino la legalización encubierta de la prostitución. Esa conversación, donde se proponía seleccionar mujeres para un fin de semana, no fue uno hecho aislado, sino una muestra obscena de machismo institucionalizado. Lo más hiriente no ha sido solo lo que se dijo, sino lo que implicaba: el sexo pagado sigue siendo aceptado, tolerado y protegido. Esa explícita propuesta de compra de cuerpos en clave fin de semana reverberó con violencia en el debate político: acusaciones de vómito y asqueroso llegaron desde figuras clave del Psoe, que exigieron expulsiones y sanciones. El episodio no solo ha tensado al partido de gobierno, sino que ha sido la chispa que ha encendido este debate. El movimiento feminista lleva años trabajando en una Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (Loasp), que comprende tanto la prostitución como el proxenetismo y la demanda sexual masculina (Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, s. f.). La Loasp no nace al calor del escándalo, sino en propuestas jurídicas concretas. Sin embargo, este borrador, articulado y consistente, ha sido sistemáticamente ignorado por la política. Hasta ahora. Sus pilares son nítidos, firmes y contundentes: penalización de la demanda (multar y sancionar a quienes pagan por sexo); desmantelamiento del proxenetismo (persecución de intermediarios y redes); reparación y reinserción social (acceso garantizado a vivienda, salud, formación y renta básica, sin cuestionar la situación administrativa); y transformación educativa (desmontar el prejuicio que naturaliza el sexo pagado como trabajo o servicio personal, así como la falacia que presenta la pornografía como arte, cultura o expresión sexual legítima). Según el Ministerio de Igualdad, en 2023 había entre 150.000 y 185.000 mujeres en situación de prostitución en España. Si se destinara un paquete de recursos equivalente a 500 € mensuales por persona durante dos años, para un colectivo de, por ejemplo, 50.000 mujeres, se moverían más de 600 millones € anuales en inversión social: una cuantía que comparada con la actual fractura estructural y el coste humano resulta muy eficaz. Además, al penalizar la demanda y desmontar las redes de proxenetismo, se debilitarían los incentivos económicos que hacen crecer el mercado. En suma, con voluntad política la Loasp no meramente simbolizaría la abolición: sería la palanca para reducir drásticamente el número de mujeres en prostitución, formalizar una red pública de reparación y estrechar el margen para la impunidad.

Unidas Podemos apoyó en 2022 la tramitación de la ley abolicionista, aunque condicionada a un debate más amplio. Algunos socios en el espacio Sumar han defendido una postura regulacionista: distinguen entre prostitución voluntaria y trata, y argumentan que la penalización de la demanda puede empeorar la situación de las mujeres. Este enfoque evidencia una fractura interna: se dice apoyar la Loasp, pero se intenta modificar para que no incomode a modelos de negocio que operan en los márgenes.

Pero la experiencia de países como Holanda y Alemania demuestra lo contrario: legalizar no solo no impide la trata, sino que facilita su expansión bajo una apariencia de legalidad. Las mujeres prostituidas siguen siendo migrantes, pobres y vulnerables. La regulación legitima el mercado sexual, y otorga cobertura institucional a redes mafiosas que se disfrazan de empresarios del ocio. El responsable no tiene nombre ni apellidos, y por eso no puede sentarse en el banquillo de los acusados: el proxeneta difuso somos todos. Esa figura social, política y moral (difusa, pero estructurante) está hecha de la suma de silencios, tolerancias y discursos tibios que permiten que los hombres sigan pagando por tener acceso sexual a mujeres vulnerables. El concepto de proxeneta difuso nos interpela a todas: no se limita a quienes gestionan o lucran, sino que incluye a quienes pagan, justifican, normalizan o banalizan esta violencia. Quienes consumen sexo pagado (sea por uso privado o con disfraz de servicio) están ejerciendo violencia sexual. Y si el Estado no los sanciona, está encubriendo ese abuso. Ese silencio legal, esa permisividad social, es humus que alimenta el proxeneta difuso. No basta con indignarse ante los audios del Psoe. El proxeneta difuso deja de serlo cuando actuamos y mientras no reclamemos justicia para las mujeres que han soportado y siguen soportando este sistema y mientras no proclamemos con voz firme: el cuerpo de las mujeres no está en venta. Y en ningún caso puede ser un lugar de trabajo.

Fuente: Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. (s. f.). Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (Loasp). https://leyabolicionista.es/

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